El extractivismo ha venido presentando una gran expansión, el caso más visible y alarmante ha sido el del Arco Minero del Orinoco, pero otro proyecto bastante grave y con peligrosas consecuencias se despierta en el occidente del país, silenciado ante las grandes noticias políticas y la mira fija en el AMO. Es así como en el estado Zulia, se desempolvan los proyectos mineros de carbón en el sur de la Guajira, en las cuencas de los ríos Socuy, Yaza y Guasare, amenazando las principales fuentes de agua de aquella región y las tierras indígenas.
Un Viejo Proyecto que Renace
La idea de explotar el carbón zuliano tiene sus raíces hace más de 40 años cuando se iniciaron las exploraciones en la cuenca del río Guasare y se dieron los primeros estudios de rentabilidad para dicha explotación. A partir de 1987 se inicia la explotación del carbón en la mina Paso del Diablo junto al Guasare y se empieza a notar la presencia de Venezuela en el mercado carbonífero mundial. En 1994 se crea la empresa Carbones de la Guajira, S.A bajo la protección de Corpozulia. En 2004 se entregan concesiones mineras en toda la región para ser operadas por las estatales Corpozulia, Carbozulia, la empresa privada Vale do Rio Doce, un conglomerado de accionistas de Estados Unidos, Holanda y Brasil, la irlandesa Caño Seco, y la Inter-American Coal, de capital estadounidense y holandesa; así como la chilena Carbones del Perijá.
Esta situación provocó la movilización de indígenas yukpas y wayuu contra la minería del carbón, así como de algunas organizaciones ambientalistas de la entidad federal, quienes levantaron su voz tanto hacia la gobernación como al Gobierno Nacional, llegándose a enfrentamientos políticos en 2005 y 2006. En esa época la Sociedad Homo et Natura denunciaba la contaminación del río Guasare con azufre proveniente de la mina Paso del Diablo, así como las acciones políticas de diputados y dirigentes de Corpozulia. En estos años se negaba la trascendencia de los daños al medio ambiente y el calentamiento global, alegando que más importante y urgente era garantizar trabajo y empleos, semejante a los actuales discursos de los conservadores en Europa. Siendo esta organización la principal y más consecuente de las denunciantes, que aún hoy veremos denunciando la minería y el abandono de los pueblos indígenas.
Aunque el Presidente Chávez y el Ministerio del Ambiente emitieron críticas a dicha explotación y se levantó un informe completo sobre los efectos negativos, tanto para la cobertura boscosa de las montañas, así como la contaminación de los ríos y acueductos que abastecen de agua a Maracaibo y toda la población del norte del Zulia; no hubo cambios. En 2008 el Gobierno empieza tomar la mayoría accionaria en las minas zulianas conocidas como Carbones del Guasare, manteniendo la asociación con las empresas norteamericanas Anglo American Coal y Peabody Energy. Posteriormente con la llegada de Maduro al poder, se han intensificado las acciones para invertir y aumentar la producción de carbón, que en los últimos años ha permanecido bastante marginal y evitado que la contaminación se extendiese.
Ver también: ¿De dónde venimos? No solo decimos “¡no al carbón!” en la Sierra de Perijá.
La situación actual. El renacimiento del sueño carbonífero
La crisis económica, política y social desencadenada tras la asunción de Nicolás Maduro al poder, han estimulado la búsqueda de nueva fuentes de divisa y rentabilidad, tanto para el Estado como para empresarios. Así, la explotación de carbón, que se había mantenido estancada por falta de estímulos, ahora se ve atractiva como una fuente de ingresos, motivando a las fuerzas extractivistas a desarrollar y amplificar dicha actividad minera. Así estos últimos 10 años han estado marcados por la lucha para desarrollar la extracción del mineral en el estado Zulia; además de una progresiva liberalización de la economía que permite realizar inversiones con mayor facilidad. En 2013 PDVSA firmó un convenio con la empresa china SinoHydro, con el fin de aumentar la explotación de Guasare y desarrollar un proyecto de planta eléctrica a base de carbón.
Ante esta proyección de aumento de la producción y la instalación de una carbonífera, varias organizaciones indígenas y ambientalistas aumentaron sus protestas y movilizaciones. Los proyectos no se materializaron, por causas desconocidas. En 2015 se nacionalizaron las concesiones y se cambió la demarcación del terreno de las mismas, siendo modificado ese mismo año el decreto que determinó la extensión, tras la intensa movilización en contra del mismo. Sin embargo, aún no se han concretado ninguno de los proyectos, pero vuelven a surgir noticias y declaraciones sobre la reactivación de los proyectos, motivando nuevamente a la movilización indígena y ambientalista. En 2018 se decreta al carbón como mineral estratégico y aparece un nuevo actor al plan, la empresa turca Glenmore Proje Insaat S.A.
Ver también: Se decreta el carbón como mineral estratégico y se crea la empresa mixta CarboTurven, con Turquía.
A partir del año 2018 y la crisis de legitimidad y diplomática del gobierno, aunada al aumento de las sanciones, se vio un repunte en la exportación de carbón, tal como indica un la prensa peruana La República. Entre los principales compradores esta la empresa británica Lissan Coal Company, quienes evadieron las sanciones ante el vacío existente en la mención de las operaciones con dicho mineral en los decretos emitidos por Estados Unidos. Igualmente en el mismo reportaje se revela que la socia turca de Carbozulia, Glenmore Proje Insaat S.A; es de propiedad británica a través del consorcio Glenmore Solutions Limited, con sede en Londres, la cual además ha sido investigada por sus nexos con el empresario colombiano Alex Saab.
Desde el 2020 se denuncia la presencia de militares con técnicos y científicos extranjeros realizando actividades de exploración y estudio de los terrenos, reflejando un gran interés de capitales foráneos en la inversión. Así en medio de la pandemia aparece la nueva empresa VoltockoCoal Company de origen ruso, la cual ha invertido importantes cantidades de dinero en la exploración para determinar la rentabilidad y calidad del terreno. Los grupos indígenas se movilizan nuevamente, tanto yukpas como wayuu, quienes denuncian abusos por parte de los militares y la ausencia de consulta popular y de respetar sus tierras ancestrales. No se estudian los efectos de la explotación del carbón sobre los ríos y fuentes de agua, ignorando además la problemática ya existente por ello.Para la Fundación Andrés Bello, de Colombia, los intentos de reactivar los megaproyectos carboníferos en el Zulia han abierto las puertas a los capitales chinos, que están esperando una oportunidad de estabilidad para desarrollar todas las propuestas hasta ahora inactivas.
Efectos de la explotación minera de carbón 1985-2020
Ver también: Denuncian entramado político-militar y participación rusa en la explotación del carbón en el Zulia.
Represión y Criminalización
En este escenario de explotación de carbón, resistencia indígena y lucha ambiental, el Gobierno Nacional y las autoridades regionales han optado por una postura represiva, persiguiendo a los dirigentes indígenas y ambientales, ignorar a los pueblos indígenas, dividirlos y desmembrar sus comunidades, además de criminalizar a los más resaltantes luchadores por las tierras indígenas y las aguas del estado Zulia.
El caso más resaltante hace poco ha sido el del profesor Lusbi Portillo, miembro de la Sociedad Homo et Natura, acusado de ser un agente de la CIA por el gobernador del Zulia Omar Pietro, alegando que su actividad se inscribe en ataques a la soberanía y manipulación de los pueblos indígenas. Sin embargo no es el único líder ambiental o indígena perseguido, el caso más emblemático es el asesinato del cacique yukpa Sabino Romero en 2013, quien luchaba por la defensa de las tierras indígenas. También se puede destacar el caso del exdiputado regional Eduardo Labrador, expulsado del Consejo Legislativo del Estado Zulia por su abierta crítica al Gobierno ante los proyectos mineros, la crisis económica y la violación de los Derechos Humanos.
Las condiciones de vida de las comunidades indígenas cercanas al lugar son bastante precarias y carecen de todo tipo de atención de los organismos públicos; sufriendo epidemias y penurias. Al parecer existe una política de hostigamiento económico y psicológico para obligar a los habitantes de la región a que abandonen sus tierras y sea más fácil la explotación y expansión minera, al igual que silenciar a los líderes ambientales e indígenas a través de encarcelamiento o desaparición física.
Autor
