Venezuela: extractivismo en tiempos de fragmentación de los territorios indígenas

Por: Vladimir Aguilar Castro y Linda Bustillos Ramírez. Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI). Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela.

No. 1 Revista Territorios Comunes

 

El presente artículo tiene por objeto establecer la relación entre extractivismo[1] y fragmentación de territorios indígenas. La consustancialidad entre uno y otro ha tenido los efectos más devastadores para los pueblos originarios en los últimos años. Paradójicamente, el proceso de deterioro de estos territorios en el país ha ido a la par de la consagración de derechos territoriales indígenas en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (CRBV). Hoy en día, esos derechos reconocidos hacen mella y en las actuales condiciones extractivistas en el país, no tienen posibilidad alguna de ser ejercidos.

La base material de cien años de acumulación de capital en Venezuela basado y redoblado por la renta petrolera, ha conllevado a una peligrosa deriva en la realización de los derechos humanos en general y de los derechos indígenas en particular. La consagración de estos derechos ha estado determinada por la falta de organización y unidad del movimiento indígena venezolano para revertir esta situación que los amenaza como culturas diferenciadas.

Nuestra aproximación al tema la haremos desde tres supuestos: uno, las políticas extractivistas en Venezuela son proporcionales a la fragmentación de los territorios indígenas; dos, las políticas extractivistas en Venezuela son proporcionales a la ausencia de concreción de derechos indígenas reconocidos; y, por último, el extractivismo nos garantiza un «mal vivir».

1. Las políticas extractivistas en Venezuela son proporcionales a la fragmentación de los territorios indígenas

Al establecer una relación entre territorios indígenas, áreas protegidas y territorio nacional podemos constatar que la ocupación espacial de los primeros, al igual que la cantidad de zonas bajo régimen de administración especial, corresponden prácticamente a la mitad del territorio venezolano. De esta manera, toda la margen sur del río Orinoco junto a los Estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y gran parte de la región oriental del país, estaría conformada por territorios de ocupación ancestral y tradicional de pueblos y comunidades indígenas. Ello sin sumar los pueblos y comunidades indígenas que se encuentran en los estados Apure, Lara, Zulia, en la Sierra de Perijá o de manera disgregada en otros estados del país.

Lo anterior nos debe conllevar a varias reflexiones: primero, el porcentaje de la población indígena no está determinado por la cantidad de territorio que ellos ocupan; dos, el porcentaje de población indígena no está determinado por la cantidad de idiomas indígenas de los cincuenta y un pueblos indígenas existentes en el país, dando más bien cuenta de la extraordinaria riqueza cultural que tiene Venezuela.

No obstante lo antes expuesto, la mora del ejecutivo nacional con los pueblos y comunidades indígenas, en cuanto al reconocimiento y titulación de sus territorios, sigue pendiente. Hay una desproporción entre proyectos extractivistas y títulos de propiedad colectiva. Según el Ministerio para el Poder Popular del Ambiente (MIPPAM) hasta el momento (año 2013)[2], en Venezuela se habían entregado 80 títulos los cuales han sido fundamentalmente para comunidades indígenas. De acuerdo a cifras oficiales, el porcentaje de hectáreas con las que se pretendía titular en el año 2014 alcanzaba un total de 48.846, 51 km2, es decir, un 5,33% del territorio nacional. Estos títulos otorgados hasta ahora (12 por ciento según cifras oficiales) no son concurrentes con las áreas de ocupación territorial que hemos descrito.

2. Las políticas extractivistas en Venezuela son proporcionales a la ausencia de concreción de derechos territoriales indígenas reconocidos

Venezuela fue el último país del siglo XX de América Latina y el Caribe que incorporó en su contrato social los derechos indígenas, después de Guatemala (1986) y Colombia (1991). Como resultado de largas luchas de estos pueblos a nivel nacional, se logró en la constitución un capítulo importante relativo a estos derechos colectivos. El catálogo de derechos se abriría con el más importante (Art. 119 CRBV), el cual explica las dimensiones de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas del país desde una perspectiva interna, teniendo al derecho al territorio como su principal condición para la materialización de derechos diferenciados.

Las políticas extractivistas a lo largo de los años en que se han consagrado los derechos indígenas en el país, han venido constituyendo un flanco de discriminación permanente y recurrente hacia los pueblos y comunidades indígenas, ya que la falta de concreción de estos derechos los ha llevado a una enorme exclusión cultural. Como contrapartida, el Estado venezolano ha promovido una política de cooptación partidista, secuestrando y supeditando las reivindicaciones históricas indígenas al derecho de estos pueblos a la participación política. Esto ha hecho que la dirigencia indígena convertida en burocracia estatal se haya alienado a las políticas gubernamentales y a las acciones del partido de gobierno.

Se ha producido así una perversa relación entre fragmentación de territorios indígenas, políticas extractivistas, cooptación partidista y ausencia de realización de derechos reconocidos siendo el derecho al territorio el principal derecho por concretar.

3. El extractivismo en Venezuela nos garantiza un «mal vivir»

Cien años de extractivismo en Venezuela son suficientes para hacer un balance del “mal vivir” nacional. Su principal expresión es la actual crisis que padece la nación, en el marco del modelo de acumulación que ya poco tiene que ofrecer a la sociedad. Se impone la creatividad para buscar formas alternativas que nos permitan desde la producción y de la actividad local superar el oscuro momento en el que nos encontramos. El ecoturismo, las pequeñas redes de producción e intercambio, la promoción de áreas de conservación, entre otras, son todas iniciativas pendientes por llevarse a cabo en el país.

El auge de las políticas extractivistas en países amazónicos con alta población indígena y diversidad biológica, ha tenido un impacto en la profundización de conflictos socio-ambientales y culturales. En este sentido, se hace importante dar cuenta de la búsqueda de mecanismos de solución de controversias que desde la interculturalidad, puedan crear las condiciones para la gestión de los territorios, y de construcción de consensos desde la diversidad de los derechos y de la diferenciación de los actores.

La democracia intercultural se erige como uno de los principales mecanismos para superar los tiempos de la crisis. Haría falta el acompasamiento entre cultura y política teniendo en cuenta los intersticios de la coyuntura y de la contingencia del momento político actual. La pregunta es: ¿Dónde podemos ubicar los Estados Pluriculturales o Interculturales? ¿Como parte del Estado social de derecho, democrático y de justicia? ¿Como posteriores? Lo expuesto es parte de un debate pendiente en el país.

 

Fuentes consultadas

Gudynas, Eduardo (2015). Extractivismos: ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza. CEDIB, Centro de Documentación e Información Bolivia: La Paz.

[1] Al igual que Eduardo Gudynas (2015), por extractivismo entendemos la exportación de grandes volúmenes de recursos naturales en la cual su explotación exige una gran intensidad y, por tanto. tienen altos impactos ambientales y socioculturales.

 

[2] Las últimas titulaciones se hicieron en el año 2014. Se preveía que se entregaran algunos títulos (21 en total) en el mes de octubre del mismo año en el marco de un nuevo aniversario de la llamada Resistencia Indígena (12 de octubre), que alcanzarían un total de 48.846,51 km2. Esta área debería añadirse a las 1.125.965,58 hectáreas ya reconocidas. Desde entonces no hay cifras oficiales de titulación de nuevas tierras y territorios indígenas.