El día 5 de julio del 2023 fue publicado un nuevo informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela y las recomendaciones que le hace al gobierno nacional para solventarlas. En este informe hay un capítulo sobre el Derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible. En el mismo se señala que a pesar de ser responsable de menos del 1% de las emisiones, el país es bastante vulnerable a los efectos del cambio climático.
También indica la situación crítica de PDVSA y la producción de petróleo, la falta de mantenimiento de la infraestructura y el inexistente tratamiento de las aguas residuales de la industria. Hace eco de las denuncias de los derrames petroleros, especialmente los vertidos en espacios acuáticos y que han afectado a dichos ecosistemas.
También se advierte el incumplimiento de las normas legales sobre uso de mercurio y cianuro en la minería, así como todo el entramado de vulneración de derechos e ilícitos detrás de la actividad minera en la Amazonía venezolana. “El ACNUDH recuerda al Estado su responsabilidad de adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y proporcionar reparación por violaciones y abusos a los derechos humanos, tanto por parte de agentes estatales como no estatales”.
Ver también: INFORME OEP: Situación socioambiental de Venezuela 2022
Cerrando el capítulo se informa sobre el anuncio del Plan de Reforestación Nacional, pero señalando las áreas más afectadas por la tala y deforestación, así como las cifras que se tienen de la misma, recomendando que el mismo se ajuste a dicha realidad. Y finaliza con el siguiente párrafo que queremos citar en su totalidad:
“El Gobierno se ha comprometido a reforzar la regulación minera y ambiental. El ACNUDH recuerda que esas regulaciones deben ser conformes con el derecho internacional de los derechos humanos, en particular el despliegue de militares, y al mismo tiempo complementarse con esfuerzos civiles para mejorar las condiciones de vida de los afectados. Asimismo, alienta a las autoridades a investigar las denuncias de desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias y otras formas de violencia que, según se informa, han acompañado a las operaciones militares dirigidas contra la minería ilegal, como las de Roraima y Autana”.
Sobre los Derechos Indígenas
Seguidamente, tiene un capítulo sobre los derechos indígenas, en este se señala la paralización en el proceso de demarcación de tierras; los efectos que tuvo la pandemia de COVID 19 en estas comunidades, especialmente en torno a la malnutrición y la falta de acceso a la atención médica. Las enfermedades relacionadas con el embarazo, gestación y parto de las mujeres ha sido una constante, así como el aumento y propagación de enfermedades infecciosas. La violencia sexual se ha cebado sobre mujeres y niñas indígenas por grupos armados que controlan las zonas mineras, especialmente en los estados Zulia, Amazonas y Bolívar; pero esta también ha venido dirigida desde miembros de los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas y de mineros ilegales provenientes de Brasil. Indican, que, siguiendo un caso particular, se evidencia la impunidad sobre los actores de la violencia sexual y la imposibilidad de conseguir reparaciones para la víctima.
Ver también: Elementos clave del Informe sobre la situación de Derechos Humanos en el Arco Minero del Orinoco
También registra la violencia de grupos paramilitares y organizaciones armadas contra defensores indígenas, se destaca el caso de Virgilio Trujillo; pero también se informa de la violencia entre indígenas y grupos de las fuerzas armadas, indicándose el caso de los 4 yanomamis asesinados por efectivos del Estado en Parima B. El ACNUDH solicita investigaciones de órganos independientes para tratar estos casos de violencia y buscar la reparación a los afectados.
Conclusiones y Recomendaciones
Al final del informe, el ACNUDH recomienda al Estado venezolano reiniciar el proceso de demarcación de tierras indígenas, con la participación plena y significativa de estas comunidades, con su completo consentimiento y conocimiento.
Nos hace ruido que no se agregue ninguna recomendación al Estado para el cumplimiento de los derechos ambientales o el concreto derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible; consideración importante, pues las acciones tomadas parecen no conducir a un estado de reparación o de garantía de dicho derecho en la actualidad vulnerado.
Lee el informe completo aquí
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