EXPEDIENTE PARTE DEL MAPA DE CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES DEL OBSERVATORIO DE ECOLOGÍA POLÍTICA DE VENEZUELA

La cordillera de Mérida destaca por una diversidad de ecosistemas, especies y endemismos, lo cual ha propiciado que gran parte de la misma sea considerada área clave de los “Andes Tropicales” (Rodríguez et al. 2010); además, en las montañas andinas destaca como rasgo distintivo el paisaje agrícola: una matriz con mezclas de relictos de ecosistemas y sistemas de producción agrícola. A lo anterior se suman los yacimientos minerales, destacando las minerías de feldespatos, sulfatos y hasta de gravas fluviales, entre otras. De usual, estas minerías han impactado fuertemente los ecosistemas y son percibidas con cautela y rechazo en los centros urbanos y rurales.

Al sur del área de influencia de la ciudad de Bailadores (valle de Mocotíes, municipio Rivas Dávila, Mérida) existe un yacimiento mineral con una antigua explotación subterránea (Rincón de Las Tapias). La mina es reconocida desde 1672 y activa en los siglos XIX y gran parte del siglo XX, hasta que en 1966 cesó la explotación, al parecer por problemas de disminución de reservas. El yacimiento contiene una combinación de minerales como el sulfuro de zinc y, en menor medida plomo, cobre y plata (Carlson 1977), pero las mineralizaciones de sulfuros han sido el centro de la actividad comercial. Se ha indicado que la mayor parte del área de la mina Las Tapias puede estar dentro de los límites del Parque Nacional Juan Pablo Peñaloza, que resguarda los páramos y fuentes de agua regionales (Mora 2004).

No se dispone información del impacto ambiental y sanitario acumulado, pero se supone deletéreo para los ecosistemas y los grupos humanos. Para 1973 la concentración de cobre y zinc en las quebradas locales fue un poco más de cien veces mayor que el nivel tóxico permitido según normas internacionales (La Cruz 1992), lo que fue asociado con la explotación mineral en la zona. Sin embargo, la actividad agrícola local también tiene efectos negativos, como son la concentración muy elevada de organofosforados (plaguicidas) en las aguas superficiales (Molina-Morales et al. 2012) o la deforestación del valle de Mocotíes (Torres-Lezama et al. 2012), por ejemplo. El impacto social, cultural y económico de la extinta minería no parece haber tenido un efecto importante en el área, donde los sistemas de producción agrícola tienen un arraigo histórico y, más bien, se han extendido y diversificado, siendo ahora importantes y emblemáticos en la región andina.

Esta mina se encuentra sin actividad, pero en la última década del siglo XX en Bailadores y áreas cercanas, hubo un conflicto en contra de la reactivación del proyecto minero, considerándose que el mismo ocasionaría impactos ambientales y económicos irreversibles (Asprino 1997). Por ejemplo, se tendría que restar el agua destinada al sector agrícola para procesar y movilizar el mineral extraído de las minas; además, los salarios locales no podrían competir con los salarios mayores de la empresa minera. Así, en 1992, la comunidad organizada y varias dependencias gubernamentales de aquel momento (Ministerio del Ambiente y el Instituto Nacional de Parques) rechazaron con éxito la reactivación del proyecto minero promovido por la empresa minera Águila Blanca, representante local del consorcio mundial Cominco Resources & Aritmetco (actual Teck Resources Limited), una multinacional canadiense con amplio desarrollo en varios países andinos (Asprino 1997).

En 2018 y 2019, el conflicto se reactivó por la presencia de campamentos militares en la zona y la construcción ilegal (y con severo impacto ambiental) de una carretera cercana al parque nacional. Ambos eventos han sido relacionados con la reactivación de la mina, pues hay eventos recientes a escala nacional que son asociados con la expansión de la frontera minera, como ocurre con las grandes extensiones en el estado Bolívar o en subrepticias incursiones en los estados Carabobo y Yaracuy. Estos eventos tienen como precedente las políticas mineras y el objetivo extractivista gubernamental que se ha expresado en el Plan Sectorial Minero 2019-2025. Este plan persigue la diversificación de la minería, incluyendo la rápida expansión, recolonización y reactivación de lugares históricos (ej. Las Claritas en el estado Bolívar) y nuevos espacios y figuras administrativas (ej. Arco Minero del Orinoco, Cordillera del Interior Central). Para lo anterior, el Plan Sectorial Minero 2019-2025 se ampara en sendos brazos ejecutores: la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolífera y de Gas CAMIMPEG (Gaceta Oficial 2016) y el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, entidades que son facultadas para evadir y abolir los deberes y derechos socio-ambientales vigentes en la Constitución (artículos 128 y 129) y leyes derivadas (ej. Ley de Aguas, Ley Penal del Ambiente). Esto además ha evolucionado desde 2019 hacia la formalización de políticas y leyes que favorecen la expansión extractivista y la fácil apropiación de recursos por parte del capital transnacional, evidenciado en dispositivos como la Ley Antibloqueo (2022) o la Ley de Zonas Económicas Especiales (2022), por menciona ejemplos.

Este escenario promovió la organización y movilización popular para la protesta y la denuncia por diferentes rutas (redes sociales, portales de noticias, reuniones públicas, asambleas de ciudadanos, etc.), así como el esclarecimiento de la situación. Se destaca la vigencia histórica de las protestas del siglo pasado contra la minería; estas han sido emblemáticas en el conflicto actual. Como respuesta a las reuniones y asambleas de ciudadanos, así como las campañas por las redes sociales y portales de noticias entre 2018 y 2019, se logró un rechazo generalizado contra la minería por parte de todos los sectores (la comunidad organizada, partidos políticos, grupos organizados y sectores académicos). De igual manera, se logró detener la construcción de la carretera y los entes gubernamentales procesaron procedimientos administrativos a los involucrados, además de comprometerse a revisar los linderos del área protegida y evaluar las áreas afectadas.

Se reconoce que el conflicto no ha finalizado, pero ha disminuido en intensidad, quizás por un plazo de espera para reconocer y valorar el alcance los resultados antes indicados. En este conflicto ambiental la memoria histórica local ha sido germen vital y vigente para unificar a la población en torno a problemas socio-ambientales que amenazan al común, con lo cual se ratifica la necesidad de la organización para la defensa y conservación de los territorios y patrimonios naturales.

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