La minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana - Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Última actualización: noviembre 2022

I. Datos básicos

Ubicación del conflicto (localidad, municipio y estado del país)

Parque Nacional Yapacana, municipio Atabapo, estado Amazonas

Área del proyecto (en kms² o has.)

El área que abarca es de 2000 has.

Tipo de población (urbana, semi-urbana, rural o indígena)

Indígena

Resumen del caso

Yapacana fue decretado como Parque Nacional (PN) el 12 de diciembre de 1978, para proteger áreas con valiosos recursos escénicos y científicos, que encierran importantes descubrimientos fitogeográficos, incluyendo además sabanas con vegetación pionera especializada, testimonio de la evolución de la vegetación con conexiones florísticas del paleotrópico y el neotrópico (República de Venezuela, 1979).

El Parque tiene una extensión de 320.000 hectáreas; el río Orinoco, marca los límites del parque al sur y al oeste; otro curso de agua, el Ventuari, marca los límites al norte. Además, el Caño Yagua, un pequeño río de aguas negras de aproximadamente 100 km de largo, drena en un área esencialmente plana de 3.320 km² al este y sur del Cerro Yapacana, marcando parte del lindero (Huber 1995a). Los bosques nublados o nubosos del tope del cerro Yapacana son una isla de biodiversidad única en un “mar” de sabanas y bosques de tierras bajas. El parque también cumple funciones reguladoras importantes, las cuales ayudan a minimizar ciertos fenómenos y procesos impactantes de la biosfera como el desgaste de la capa de ozono, el calentamiento del planeta, las lluvias ácidas, la desertificación, la extinción de especies animales y vegetales, entre otros (Castillo y Salas, 2007). Todo esto convierte a Yapacana en un elemento de gran importancia biogeográfica, único en el Amazonas venezolano y en el país.

Los reportes publicados por García (1987) y Romero (2004) señalan que para el año 1976 el Parque Nacional Yapacana no se encontraba habitado por ninguna comunidad indígena. Los autores coinciden, además, que los asentamientos humanos permanentes en los alrededores al Cerro Yapacana se iniciaron con la actividad minera en la década de 1980. Sin embargo, el área que comprende al Parque Nacional ha sido reportada como parte del área tradicional de distribución de grupos indígenas como los Piaroa (MARN, 2001), además de los Maco, Puinave, Baniva y Curripaco (Bevilacqua et al, 2006; León-Mata et al, 2006).

La actividad turística recreacional está permitida en los caños y ríos de Yapacana, condicionada por una serie de normas cuyo objetivo es proteger el ambiente y respetar a las comunidades indígenas (República de Venezuela, 1990).

Los primeros reportes de la actividad minera en el PN evidencian que esta ya estaba presente desde mediados de la década de los 80, en unas dimensiones muy pequeñas. Inparques reportaba que en 1988 ya existían 9 minas, la mayoría localizadas bordeando al Cerro Yapacana. Sin embargo, el crecimiento acelerado de la minería en la zona se inició en el año 2004 y tomó una pendiente muy alta a partir de 2012 y 2014. El área intervenida se incrementaría más del doble durante los bienios 2010-2012 y 2012-2014; y casi se duplicó en el bienio 2016-2018. Esto se produce al calor del incremento de los precios internacionales del oro, y posteriormente, con la agudización de la crisis económica en el país. Evidencias satelitales muestran que en la pandemia el área intervenida siguió creciendo notablemente, especialmente en los años 2021 y 2022.

Resultados presentados por León-Mata et al. (2006), obtenidos mediante la aplicación de encuestas a las comunidades, reportan que la problemática ambiental y social más grave dentro del Parque Nacional Yapacana y sus alrededores es la actividad minera. Según informe de RAISG (2018), el PN Yapacana tiene unas 2.000 hectáreas de su superficie bajo una minería aurífera ecocida, lo cual para los primeros años de la década de 2020 evidencia que se ha incrementado (más de 2.200 ha en 2020 según SOS Orinoco). Yapacana es no sólo el foco minero más grande en toda la Orinoquía-Amazonía, sino también, de acuerdo al informe de S.O.S. Orinoco (2019), es el que tiene mayor nivel de destrucción entre los 44 parques nacionales venezolanos. Si se compara en términos relativos con otros parques nacionales, como por ejemplo con el PN Canaima (3.000.000 has), el Yapacana (320.000 has) posee la mayor densidad de área minera por superficie total del Parque (6,36×10-3), superando ampliamente a Canaima (0,17×10-3). Al comparar ambos parques nacionales, Yapacana tendría un índice cerca de 37 veces mayor que el de Canaima y, en términos absolutos, una superficie afectada por la minería 4 veces mayor. Esto nos dice cómo la realidad de la minería en Venezuela, y en particular la del PN Yapacana, es la más alarmante de toda la región amazónica.

La minería en la zona ha causado graves daños ambientales, como la destrucción de grandes extensiones de selva y bosque amazónicos, alteración del curso de los ríos y la contaminación por mercurio. El impacto sobre sus ecosistemas no sólo ha sido en términos de superficie directamente destruida, sino además por el efecto radial y expansivo de los al menos más de 2.000 mineros que están ocupando el PN actualmente. A su vez, la actividad minera ha generado la incidencia de actividades ilícitas tales como el contrabando de productos nacionales, el tráfico de combustible, la prostitución y la trata de blancas, la entrada ilegal al territorio nacional de personas foráneas, la presencia de grupos armados generadores de violencia y el tráfico de sustancias prohibidas por la ley. Todas estas actividades ilegales y en concreto la minería ilegal en el río Atabapo y en el Parque Nacional Yapacana, son hechos públicos ampliamente conocidos y difundidos por las comunidades y pueblos indígenas.

Por su parte, los pueblos indígenas, sus tejidos sociales y sus tradiciones, han sufrido severos impactos. En términos de salud, al igual que ha pasado en otros territorios de la región Guayana azotados por esta actividad extractiva, se ha generado una afectación de la cadena alimentaria por la diseminación del mercurio (que termina afectando a los pobladores de la zona); y han proliferado diversas enfermedades endémicas como la malaria.

El aspecto fundamental para explicar la situación que existe en el Parque Nacional Yapacana, es que se trataría de un negocio dirigido y protegido por la guerrilla colombiana, fundamentalmente el ELN y de grupos supuestamente desafiliados de la FARC, actuando en coordinación entre ellos, por lo que se presume existe un “consorcio guerrillero” (SOS Orinoco, 2019; RAISG, 2018; Guarnizo, 2022). Yapacana se encuentra en una zona remota para el control del Estado formal y en la frontera con Colombia, lo que coloca a este Parque Nacional dentro del área de influencia del conflicto armado que aún se desarrolla en el vecino país. Zonas como las de la Reserva Nacional Natural Puinawai, y en general las de los ríos Inírida, Atabapo y Guainía en Colombia están bajo control de la guerrilla colombiana, sostenida fundamentalmente por la minería ilegal (Guarnizo, 2022). Es desde Colombia que se planifica y ejecuta toda la intervención en el PNY, y se estima que la mayor parte del oro extraído del lugar se comercializa a través del país neogranadino.

Los grupos armados que controlan la minería en la zona logran también ejercer un considerable control del territorio. Testimonios y evidencias revelan que existe algún tipo de complicidad con efectivos militares e instituciones de la región (SOS Orinoco, 2020), incluso lo habría revelado un informe del Ejército colombiano (Guarnizo, 2022); hay también un debate acerca de la relación del Gobierno venezolano (o sectores de este) con esta actividad minera ilícita. A pesar de que las autoridades venezolanas han realizado acciones de desalojo de los mineros, estas han venido cesando de forma paulatina y creciente. El Estado formal no ejerce control sobre la zona y buena parte del estado Amazonas, y según el exgobernador Liborio Guarulla, para 2018 el contingente guerrillero en esa entidad se estima en alrededor de 4.000 efectivos (Ebus, 2018). La desprotección territorial del PNY otorga un gran significado a este territorio no sólo para el sustento de las economías ilícitas, sino también para el desplazamiento de estos grupos hacia otras zonas más al oriente del país (como las zonas del llamado ‘Arco Minero del Orinoco’).

Diversos grupos se han movilizado ante los impactos mineros. Comunidades indígenas han realizado denuncias ante las autoridades competentes y se han organizado tanto es lo estadal (a través de las coordinadoras indígenas amazónicas) como en lo territorial, generando mecanismos de defensa del territorio y negociaciones con los actores de la minería. Del mismo modo, varias organizaciones sociales han denunciado a través de medios de comunicación el avance de la actividad en el PN, y la forma cómo esta está siendo controlada por actores del conflicto armado colombiano. Estas denuncias y protestas no han trascendido, más allá de incrementarse la presencia del tema en la arena mediática.

La compleja situación en el PN se viene agudizando cada vez más y se está tornando en un generador de situaciones indeseables, con radicales impactos más allá de las fronteras venezolanas. La zona está siendo severamente afectada por las dinámicas del conflicto armado colombiano, de economías criminales, así como por la crisis interna del país, que atraviesa al Estado venezolano y promueve considerablemente la corrupción en las instituciones oficiales. Esto hace de Yapacana un territorio configurado por otras gobernabilidades extra-legales, integrado a dinámicas transfronterizas muy conflictivas, que involucra recursos naturales.

I. Fuente del conflicto

Principal actividad económica (u otra) que origina el conflicto

Extracción Minera

Otras actividades económicas involucradas (si existen)

Desconocida

Commodities o ‘recursos naturales’ involucrados (ej. oro, bauxita, madera, agua, petróleo, gas, soja, eucalipto)

III. Proyecto y actores involucrados

Ubicación del proyecto o actividad económica (localidad, municipio y estado del país)

Parque Nacional Yapacana, municipio Atabapo, estado Amazonas.

Resumen y descripción del proyecto (o la actividad económica)

Entre los primeros reportes de la actividad extractivista en el PNY, se cuenta con un informe de la inspección de Inparques realizada del 13 al 17 de marzo de 1987, en el que se detectaron dos minas donde se extraía oro: Mina Nueva, situada al pie del Cerro Yapacana y La Cocina, ubicada aproximadamente a 200 metros por encima de la anterior en el mismo cerro. Para ambas se utilizaba el caño Cotúa como vía de acceso. Así como lo expresa el informe de Inparques, se encontró un campamento minero al sur del cerro Yapacana poblado por 104 personas, en su mayoría indígenas de las etnias Piaroa, Guajibo y Curripaco, pero también había criollos y extranjeros. Se constató la destrucción de una microcuenca y en el sobrevuelo aéreo se observó un aeropuerto clandestino en una de las sabanas, donde se presume hacen aterrizaje las avionetas que traen compradores de oro. De acuerdo con INPARQUES (1993), la venta del oro extraído la hacían directamente con comerciantes de la región en la comunidad de Cárida, en San Fernando de Atabapo, en Puerto lnírida (hoy en día lnírida, Colombia) y en Puerto Ayacucho; lo obtenido se intercambiaba generalmente por materiales que incluían escopetas, motosierras, motores fuera de borda, provisiones en general y también transaban por dinero en efectivo.

Inparques reportó que en 1988 ya existían 9 minas, la mayoría localizadas bordeando al cerro principal. La mina de mayor tamaño en este sector es Platanillal, en la base del Cerro y en dirección a La Cocina, en el sector Nororiental, donde las perforaciones superan el tamaño de un hombre (se sumergen para extraer el material a lavar). Dicha relación minera fue corroborada y asentada en un escrito conjunto por los tres organismos rectores en materia ambiental y minera de entonces (Inparques, Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales, y Ministerio de Energía y Minas).

En 1995, el Servicio Autónomo para el Desarrollo Ambiental del Estado Amazonas (SADA-Amazonas, que sustituyera a la antigua Dirección de Amazonas del MARNR) genera el “Informe Situación actual de la actividad minera ilegal en el Parque Nacional Yapacana”, en el cual se ratifica la existencia de las siguientes minas: 1) En la falda del Cerro Yapacana: Mina Platanillal, La Cocina, Mina Nueva, Caño Rita, Caño Bocón, Caño Jabón (las dos últimas no se habían mencionado en los informes previos); 2) en las áreas de sabanas con predominio de gramíneas, arbustivas y arboladas no inundables: Maraya, Piedra Blanca, Cerro Moyo y otros puntos con nombres desconocidos; 3) en otras áreas: Yagua (al sur del parque) y Caño Cotúa.

No obstante, es en el año 2002 cuando se inicia un proceso de explotación minera significativo en el Parque. En el informe de S.O.S Orinoco (2019) se destaca el crecimiento de la actividad minera entre los bienios 2002-2004 (145,89%) y 2012-2014 (90,44%); sin embargo, es a partir del bienio 2010-2012 que el Parque experimenta un incremento acelerado y sostenido que se traduce en prácticas mineras intensivas que continúan hasta la fecha. El área intervenida se incrementó más del doble durante los bienios 2010-2012 (93,96 has, equivalente a un 124 % del incremento temporal en el trienio 2007-2010) y 2012-2014 (183,43 ha, o 108 % del incremento temporal en el bienio 2010-2012); y casi se duplicó en el bienio 2016-2018 (346,69 ha, o 73 % del incremento temporal en el bienio 2014-2016). Las imágenes satelitales corroboran que la expansión de la actividad en los territorios de Yapacana se mantuvo notablemente durante la pandemia, resaltando la preocupante expansión de 2022, lo que indica una actividad perdurable y en expansión.

Para 2018 se ha estimado que en su conjunto unas 2.000 hectáreas de superficie del PN Yapacana han sido intervenidas por una minería aurífera ecocida (RAISG, 2018), número que evidentemente se ha incrementado (más de 2.200 ha en 2020 según SOS Orinoco). Tal como lo expresa el informe S.O.S. Orinoco (2019), Yapacana es el foco minero más grande y desatado que existe en toda la Orinoquía-Amazonía (sumando Colombia y Venezuela). Entre las minas que se señalan en la zona se cuenta: en la falda del Cerro Yapacana: Mina Platanillal, La Cocina, Caño Rita, Caño Bocón, Caño Jabón, y Mina Nueva (Ver Imagen No. 5). En las áreas de sabanas con predominio de gramíneas, arbustivas y arboladas no inundables: Maraya, Piedras Blancas, Moyo, y otros puntos con nombres desconocidos. En otras áreas: Yagua y Caño Cotúa.

Se realizan actividades de extracción ilegal de oro y otros minerales, en su mayoría realizadas por ciudadanos extranjeros provenientes de Colombia y Brasil, causando graves daños ambientales como la destrucción de grandes extensiones de selva y bosque, alteración del curso de los ríos y contaminación por mercurio, y la afectación de numerosos ecosistemas amazónicos. En 2004 representantes de comunidades indígenas del río Atabapo denunciaron actividades mineras realizadas por ciudadanos colombianos y brasileños en el Parque Nacional Yapacana, quienes utilizaban como vía para llegar al Orinoco el caño Caname, afluente del río Atabapo, evadiendo el paso por Santa Bárbara donde está el puesto de la Guardia Nacional (GN). El impacto sobre los ecosistemas del PN no sólo se produce en términos de superficie directamente destruida, sino además por el efecto radial y expansivo de los al menos más de 2.000 mineros que están ocupando el PN actualmente. Los campamentos se ubican a dos kilómetros del área de explotación, para así evitar ser sorprendidos en horas nocturnas por las autoridades.

En el informe realizado por S.O.S. Orinoco (2019), se describe que la minería que se practica en Yapacana es aluvial, ejecutada con herramientas e implementos mecánicos como motobombas, grúas, plantas eléctricas e incluso en algunos casos recuperan el oro mediante la utilización de mercurio. En estas actividades ilegales poco organizadas, se utilizaron inicialmente machetes, hachas, picos, palos, chícoras, tobos e instrumentos artesanales, surucas o bateas, empleados en el saque de oro aluvional y diamantes.

El aspecto fundamental para explicar la situación que existe en el Parque Nacional Yapacana, es que se trataría de un negocio dirigido y protegido por la guerrilla Colombiana, fundamentalmente el ELN y de grupos supuestamente desafiliados de la FARC, actuando en coordinación entre ellos, por lo que se presume existe un “consorcio guerrillero” (SOS Orinoco, 2019; RAISG, 2018; Guarnizo, 2022). Según el exgobernador Liborio Guarulla, el contingente guerrillero en Amazonas para 2018 se estima en alrededor de 4.000 efectivos (Ebus, 2018). Testimonios y evidencias revelan que existe algún tipo de complicidad con efectivos militares presentes en la región, algo que también señala un informe del Ejército colombiano (Guarnizo, 2022).

Según el informe SOS Orinoco (2019), el control del espacio geográfico del PNY habría estado inicialmente bajo las FARC, pero desde el 2016 habría pasado a manos de los disidentes de esa organización, concretamente ex-miembros de los “Frentes” “16” y “Acacio Medina”, encargados del Eje Guainía – Vichada – Arauca – Guayana Venezolana. Entre el 2017 y 2018, habría ocurrido, aunque no ha sido corroborado, el “traspaso de brazaletes” al autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Departamento de Vichada (Colombia) y en Venezuela.

La comercialización del oro se realiza principalmente a través del trueque (o también puede ser compra-venta) en San Fernando de Atabapo, donde se intercambia el mineral por electrodomésticos, entre otros; mientras que el grueso de la compra-venta se realiza en Puerto Ayacucho y otros lugares. Se estima que la mayor parte del oro del Yapacana se comercializa a través de Colombia y que buena parte de la producción de oro que reporta ese país debe provenir de Yapacana y Atabapo. La ruta del oro es probablemente Inírida, Medellín, Bogotá. Otra parte menor estaría ingresando a la economía venezolana, cubriendo coimas y comisiones de corrupción vinculadas a la actividad (SOS Orinoco, 2019).

Los grupos armados que controlan la minería en la zona logran también ejercer un considerable control del territorio, ejerciendo ‘justicia’, distribución de alimentos, medicinas, asistencia médica, entre otras. Aunque las autoridades venezolanas han realizado acciones de desalojo de los mineros, estas han cesado de forma paulatina y creciente. Por estas razones, el Estado formal no ejerce control sobre la zona y buena parte del estado Amazonas, siendo una situación similar del lado colombiano de esa región.

Empresas privadas nacionales e internacionales involucradas

No se registran

Actores gubernamentales y compañías nacionales relevantes

Región de Defensa Integral Guayana (REDI-Guayana)
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)
ZODI Amazonas (N. 63)
Gobernación del estado Amazonas
Consejo Regional Legislativo del estado Amazonas
Ministerio Público (Fiscalía General de la República)
Defensoría del Pueblo
Alcaldía del Municipio Atabapo
Alcaldía del Municipio Maroa
Vicepresidencia del Poder Ejecutivo
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo
Dirección Estatal Amazonas
Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
Instituto Nacional de Parques (Inparques) – Región Amazonas
Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Atabapo

Instituciones internacionales y de financiamiento (si existen)

Desconocido

Nivel de las inversiones (en US$ en Bs.)

Desconocido

Status actual del proyecto (en fase exploratoria, planificado y listo para su ejecución, en ejecución, operando, detenido)

Operando

Población afectada (grupos sociales y estimación numérica)

El Parque Nacional Yapacana ha sido señalado como parte del área tradicional de distribución del pueblo indígena Piaroa (MARN 2001), encontrándose también otros grupos como los Maco, Puinave y Baniva, de quienes se han obtenido los siguientes datos de números de habitantes. En los censos realizados (1982-1992-2001) se tiene la siguiente población: Piaroa 215- 161- 124; Maco (subgrupo Piaroa) 27- 32- 37; Puinave 220-50, Baniva 0 -7- 9. (Bevilacqua y col, 2006).

IV. Conflicto y Movilizaciones

Fecha aproximada de inicio de las movilizaciones

1980

Cronología y detalles de las movilizaciones

En relación a movilizaciones de los últimos años, la Defensoría Delegada (Defensoría del Pueblo, institución creada a partir de 1999) del estado Amazonas recibió distintas denuncias y peticiones desde el 2002, por parte de algunas comunidades indígenas del municipio Atabapo como las de Maraya, Piedras Blancas, Macuruco, Manaka, Santa Bárbara, Merey y Cocuy, sobre la práctica de la minería y sus consecuencias en el PN Yapacana. La situación había sido denunciada en varias oportunidades ante el Destacamento Nº 94 de la Guardia Nacional en San Fernando de Atabapo, sin obtener respuesta (S.O.S Orinoco, 2019).

Por otro lado, los habitantes de la comunidad indígena de Cárida denunciaron en mayo de 2004, ante distintos organismos del Estado, entre ellos el Ministerio Público, la presencia de más de 800 mineros colombianos y brasileños dentro del Parque Nacional, quienes de acuerdo con los denunciantes consumen bebidas alcohólicas, disponen de armas de fuego y no dejan entrar a venezolanos a la zona. Ante las denuncias no hubo reacción efectiva de los funcionarios.

En el caso del para entonces gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla (indígena Baniva), denunció en 2016 la penetración de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dentro de los municipios Atabapo, Maroa, Río Negro y Alto Orinoco, sin que el Ejército hiciera mayores esfuerzos por expulsarlos.

En mayo del 2014, las organizaciones indígenas del estado Amazonas que confluyen en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM), hacen público un comunicado sobre el tema de la minería en el municipio Atabapo y en Yapacana, en el que denuncia claramente lo que viene ocurriendo y emiten su posición. Por su trascendencia, reproducimos a continuación un fragmento:

“En el día de hoy 05 de mayo de 2014, nosotros, pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana, agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM), reunidos en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, por el presente queremos realizar nuestras consideraciones sobre la práctica de la MINERÍA ILEGAL EN EL MUNICIPIO ATABAPO, que afecta nuestros derechos constitucionales al territorio (Art.119) y al ambiente sano (Art.127)”.

Las organizaciones indígenas de base han expresado su profunda preocupación debido a la creciente actividad minera ilegal (minería de oro) en el municipio Atabapo, la cual afecta a numerosas comunidades indígenas de la región (ríos Atabapo y bajo Ventuari) y a la propia población de San Fernando de Atabapo, quienes vienen denunciando la minería ilegal en el cauce del río Atabapo y en toda la zona cercana al Parque Nacional Yapacana. Existen mecanismos que estas comunidades originarias han desarrollado para el cuidado del territorio y la vida en este. Uno de ellos ha sido la conformación de guardias territoriales indígenas y el establecimiento de decenas de puntos de control, que utilizan para monitorear la circulación en la zona. Otro son negociaciones que los indígenas establecen con los actores de la minería, tratando de colocar coto a esta actividad extractiva, algo que se desarrolla con dificultades (dadas las desigualdades que existe entre grupos armados y comunidades originarias), aunque estos pueblos ejercen acciones para asentar el respeto hacia ellos como los cortes de circulación fluvial o la confiscación de máquinas para la minería (SOS Orinoco, 2020).

Algunas organizaciones de la sociedad civil del estado Amazonas han jugado un papel fundamental visibilizando y denunciando diversos problemas existentes en la zona, tales como Wataniba, SOS Orinoco, la organización indígena yanomami Horonami, la Red Eclesial Panamazónica, o la organización regional ORPIA, entre otras. Asimismo, en 2018 fue publicado un informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), “Amazonía saqueada”, en el que se exponía la situación de la región amazónica venezolana, y se resaltaba que el PNY se ha convertido en el área de mayor crecimiento de la actividad minera de los últimos años en dicho estado. Las denuncias y comunicados de las organizaciones sociales también han sido acompañados por cartas y reuniones con las instituciones gubernamentales responsables, incluyendo la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, el Comando Estratégico Operativo de la FANB, la ZODI Amazonas, y otros. Diversos reportajes han continuado saliendo, denunciando la situación de Yapacana.

Algunos reclamos y peticiones de los grupos movilizados (Tales como saneamiento ambiental, suspensión del proyecto, atención médica, demarcación de tierras, compensaciones, etc.)

Las organizaciones ORPIA, KUBAWI, HORONAMI, OIPUS, KUYUNU, OMIDA, OIYAPAN y OPIJKA hicieron un llamado a las autoridades civiles y militares del Estado venezolano, para que tomen acciones urgentes y coordinadas, destinadas a controlar la minería ilegal de las llamadas “balsas chupadoras” en el río Atabapo, especialmente mediante acciones bilaterales con Colombia, y las actividades de vigilancia y control permanente en todo el bajo Ventuari y el Yapacana (S.O.S. Orinoco, 2019). Entre las propuestas dadas por las organizaciones, está la elaboración de un estudio de mejoramiento ambiental a corto plazo de los centros mineros ubicados en el Parque Nacional Yapacana y en otras áreas del estado Amazonas. Además de la prohibición del paso de máquinas pesadas extractoras tipo draga, máquinas horizontales y motobombas, así como piezas y accesorios para su funcionamiento.

Intensidad del conflicto (alta, con movilizaciones masivas, amplia difusión mediática, violencia y arrestos; media, con protestas en la calle y movilización visible; baja, con alguna organización local; o latente, no hay organización ni movilización visible al momento)

Media. A pesar de que existe alguna organización local y comunidades indígenas de la zona han realizado denuncias, que se han desarrollado pocas intervenciones del Estado para resolver el conflicto, y que el PN se encuentra en áreas remotas del sur del país –lo que requiere presupuestos y movilizaciones más complejas para ejecutar vigilancia y control del área–, la disputa por los territorios protagonizada por actores armados mantiene en constante movilización el conflicto, por lo que la intensidad del conflicto es considerada media.

¿Este conflicto ha terminado?

V. Impactos del proyecto

Impactos ambientales

Entre los impactos ambientales en el PN están la tala de árboles y movilización de las rocas para extraer el estrato arenoso subyacente donde está el mineral. Cuando los mineros no pueden mover las rocas, abren cavernas debajo de las mismas; posteriormente el material es transportado para su lavado, procesado en un tamiz y luego se remueve el agua en una batea (Castillo y Salas, 2007). Esta actividad genera contundentes intervenciones en los bosques, abre “claros” (gaps) y elimina vegetación arbustiva y herbácea de gran valor biológico, conformada en su mayoría por especies endémicas.

Por ejemplo, en Mina Nueva (en la falda del Cerro Yapacana) se deforestaron aproximadamente cinco hectáreas en una zona de bosque alto denso con árboles que sobrepasan los 25 metros de altura. Se observó una fuerte remoción del suelo, desvío y estancamiento de cursos de agua, con acumulación de desechos sólidos en su cauce, el cual posiblemente se encuentre contaminado con mercurio. La intervención de la vegetación hace susceptible a la erosión a esta zona de piedemonte y la remoción del suelo favorece la desertificación (Castillo y Salas, 2007). Además, se han observado indicios de perturbación en algunos caños producto de la actividad minera que se desarrolla en la zona de la confluencia del Ventuari – Orinoco. Estos surcos y cavidades de profundidad variable modifican los cursos de agua y forman otros nuevos por descarga de aguas que transportan gran cantidad de sedimentos (Mora y col, 2006).

Las aguas prístinas del río Atabapo han sido contaminadas por la presencia de mercurio y otras sustancias tóxicas, a lo que se suma la alteración del ecosistema fluvial en general, incluyendo la vida de numerosos peces que son fuente de alimento para las comunidades indígenas ribereñas y la capital del municipio, San Fernando de Atabapo. La actividad minera también promueve la sobreexplotación de la fauna silvestre mediante la cacería.

Impactos en la salud

La contaminación mercurial de la cadena alimenticia, principalmente de la fauna acuática, se convierte también en un agente contaminante para el ser humano. Las determinaciones de mercurio en tejido de algunas especies de importancia en la dieta regional, así lo demuestran. En nueve de las 17 especies examinadas, encontramos valores superiores a los 0,5 ug/g que es el máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Hay al menos tres minas ilegales conocidas en la región, entre las que destacan por su impacto las de caño Maraya y caño Yagua. (S.O.S. Orinoco, 2019). Asimismo, entre los años 1990-1992 se realizó un estudio en el cual ya se determinaban concentraciones menores a 0,002 ppm en agua; mientras que en sedimento se encontraron valores hasta de 0,56 ppm producto de actividades mineras. Aunque el área de explotación (zona cercana al Cerro Yapacana) ha aumentado; no se han hecho determinaciones actuales de las liberaciones de Hg en esta zona. (S.O.S. Orinoco, 2019).

A su vez, en los sitios de explotación son frecuentes las enfermedades endémicas y epidémicas (malaria, paludismo, diarrea, vómitos, fiebre, entre otros) (Mora y col. 2006). En relación a la malaria, las estadísticas de la Dirección de Salud Ambiental de Puerto Ayacucho, indican cómo en 2016 se contabilizaron 29.100 casos en el estado Amazonas, 20 por ciento más que en 2015. Los coletazos de esta epidemia, que abarca cuatro municipios del estado Amazonas (Atures, Manapiare, Autana y Atabapo), se esparcen hasta Amanaven y Puerto Inírida, dos poblados colombianos (Revista SIC, 2017).

Impactos socio-económicos y culturales

La actividad minera que se desarrolla en el municipio Atabapo promueve el surgimiento de graves problemas sociales que incluyen la violencia, drogadicción, prostitución y la trata de blancas, el contrabando de productos nacionales, el tráfico de combustible, el tráfico de sustancias prohibidas por la ley, así como la entrada ilegal al territorio nacional de personas foráneas. Otra de las consecuencias es la pérdida del conocimiento tradicional y ancestral indígena.

El hecho de que la actividad minera esté siendo gestionada por grupos armados irregulares intensifica estas consecuencias. Las comunidades indígenas locales han temido por su seguridad, no sólo por la invasión de mineros que llegan en balsas–dragas desde Colombia, sino también por los guerrilleros que se desplazan fluvialmente desde el Departamento del Guainía, aprovechando las posibilidades de conexión entre los ríos Inírida, Guaviare, Atabapo y Orinoco, sus afluentes y caños, además de las picas que conectan con los campamentos mineros. Los habitantes locales no observan protección efectiva de la Fuerzas Armadas para impedir dicha penetración, y más bien abusan de los indígenas y pobladores en alcabalas móviles, donde les quitan víveres, combustible y hasta material de oro (SOS Orinoco, 2019).

En suma, en esa área y en todos los sitios mineros ilegales (todas las minas en Amazonas), hay violación de los derechos humanos en materia de irrespeto a los pueblos indígenas y sus costumbres tradicionales; en lo laboral y en la explotación de niños, que allí trabajan casi como esclavos; en los derechos de la mujer (indígena, criolla, ejerza o no la prostitución); en los derechos a la educación, cuando se impone la deserción escolar por ser atraídos por la extracción de oro y; en el derecho a la salud, por cuanto se les contamina con mercurio sus aguas, entre otros (SOS Orinoco, 2019).

VI. Desarrollo del conflicto

Resultados y respuestas ante el conflicto (por parte del gobierno central, gobiernos regionales y locales, empresas involucradas, instituciones supra-nacionales, comunidades, entre otros)

El Estado venezolano ha reconocido públicamente el avance de la minería en la región Guayana. La cobertura noticiosa ha sido abrumadoramente mayor para el caso del estado Bolívar, siendo que se produce poca información en relación a lo que ocurre en Amazonas.

Hasta la fecha, la actividad minera se ha combatido con inspecciones y operativos realizados por organismos gubernamentales: INPARQUES, Ministerio del Ambiente, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Defensoría del Pueblo, entre otros. Se han detenido en varios operativos a indígenas, criollos y ciudadanos extranjeros. A su vez, se han anunciado e impulsado planes de reforestación del PNY, en especial en las zonas afectadas a causa de la actividad minera (como Mina Nueva y Piedra Blanca), llevados a cabo por una comisión mixta del Ministerio del Ambiente y la Guardia Nacional Bolivariana. Se habrían iniciado labores de esparcimiento de semillas de especies propias de la región, y la siembra de plántulas de manaca, guama y balso; así como seje chiquito, seje grande y yagrumo. De acuerdo a la prensa oficial, 6 hectáreas fueron reforestadas con 1.000 acacias, 1.500 melinas, 2.000 mereyes y 500 yagrumos. No hay registro de seguimiento ni evaluación de la efectividad.

Desde el segundo semestre de 2022, el Estado venezolano ha iniciado un importante despliegue militar en las zonas mineras del nor-oriente del estado Bolívar, principalmente en Tumeremo, y municipios El Callao y Roscio. De acuerdo al Comandante Estratégico Operacional de la FANB, General Domingo Hernández Lárez, las FANB supervisan que toda actividad minera cuenten con permisos, registros, supervisión y control (https://twitter.com/dhernandezlarez/status/1590877283791015936). En estos operativos se han destruido campamentos mineros, confiscado equipos y apresado integrantes de grupos que controlan la minería ilegal. Se desconoce los alcances que pueda tener en el tiempo, pues en años anteriores se realizaron operativos en el PN y el problema ha persistido. Para fines de 2022, estos despliegues no han alcanzado este nivel en Amazonas. En este último estado los operativos son más bien dispersos y esporádicos. El Estado formal no ejerce control sobre la zona y buena parte del estado Amazonas, y según el exgobernador Liborio Guarulla, el contingente guerrillero en esa entidad se ha estimado en alrededor de unos 4.000 efectivos para 2018 (Ebus, 2018). Paradójicamente se revelan ciertos niveles de asociación, permisividad y consenso entre estos grupos armados irregulares e instituciones del Estado, sobre todo en cuanto al avance de la actividad minera en el PN, lo que se evidencia en reuniones como las que hubo en septiembre de 2020 en el Campamento “Manaka”, donde habrían participado el Comandante “JJ,” el Alcalde del Municipio Atabapo, un representante de la Gobernación de Amazonas, un representante del Ministerio de Minería, un constituyentista del PSUV y tres representantes militares de la Armada venezolana y Guardia Nacional, entre otros (SOS Orinoco, 2020).

Cada día se agudiza más la situación en el PN y se está tornando en un generador de situaciones indeseables, con radicales impactos más allá de las fronteras venezolanas. La zona está siendo severamente afectada por las dinámicas del conflicto armado colombiano, así como por la crisis interna del país, que atraviesa al Estado venezolano y promueve considerablemente la corrupción en las instituciones oficiales. Esto hace de Yapacana un territorio configurado por otras gobernabilidades extra-legales, integrado a dinámicas transfronterizas muy conflictivas, que involucra recursos naturales.

En el caso de las poblaciones indígenas, hay un repliegue de sus organizaciones a causa de aspectos tales como: por una parte, las amenazas de muerte y el asesinato de miembros de organizaciones, lo que ha venido incrementándose, con el penoso ejemplo del asesinato del líder indígena wottuja Virgilio Trujillo Arana, en julio de 2022; la situación de precariedad generalizada y vulnerabilidad que viven los pueblos indígenas en general (potenciada por la crisis del COVID-19); y también, la captación de sus líderes más importantes por medio de prebendas, el financiamiento de campañas electorales y otros favores políticos y pecuniarios. Sin embargo, vemos un nivel de articulación y acción entre las organizaciones indígenas amazónicas. Estas desarrollan procesos de fortalecimiento comunitario y territorial, ciertos niveles de cabildeo y establecimiento de medidas en conjunto con instituciones del Estado, articulación con organizaciones sociales en defensa de pueblos originarios, y acciones territoriales de resistencia ante el avance de la violencia y la minería, como el establecimiento de guardias territoriales para su autodefensa y cuidado. El marco de vulnerabilidad y apetencia por recursos no garantiza el éxito de estas iniciativas indígenas pero evidencia un tejido que persiste en la lucha por la vida.

Alternativas propuestas (por parte de los grupos movilizados, pueblos indígenas, actores políticos y gubernamentales, entre otros)

Los diferentes grupos movilizados han planteado el respeto al mandato constitucional de demarcación, titulación y entrega de tierras a los pueblos indígenas. Esto abarca también los procesos de participación y consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, tal como establecen los estándares internacionales de derechos humanos. A esto hay que sumarles los procesos de fortalecimiento en la educación indígena, de la promoción de las economías locales, así como la formación de mecanismos de defensa autónoma del territorio, que refuerza la apuesta por sus propios estilos de vida.

Por otro lado, organizaciones han planteado diferentes propuestas acerca de las políticas de ordenación territorial y las Áreas Protegidas (ABRAE). Para el caso de Amazonas, esto supone cumplir las normas pertinentes de protección, de “cero minería” dentro de los parques nacionales y monumentos naturales. Por ejemplo, desde propuestas de diversos ambientalistas (como Alexander Luzardo), se promovió en 2018 en la Asamblea Nacional de Venezuela la Ley Orgánica para Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético Hidroeléctrico del Sur Orinoco, y la Amazonia venezolana, la cual representa una figura de alto nivel de protección para toda la región al sur del Orinoco (https://sosorinoco.org/wp-content/uploads/2020/07/3.3-Ley-de-Megareserva.pdf).

Organizaciones como S.O.S, Orinoco han hecho llamamientos a la sociedad civil venezolana para mantener las denuncias sobre la destrucción de Yapacana y de la violación de los DDHH de indígenas y criollos del estado Amazonas.

¿Considera Ud. que se ha alcanzado la justicia ambiental en este caso?

Explique por qué

A pesar del papel que han jugado la veintena de organizaciones indígenas de base agrupadas en la organización regional ORPIA, así como en la COIAM, la plataforma de articulación de su agenda reivindicativa y varias ONG defensoras de los DDHH y de la Amazonía, la ocupación de Amazonas por la guerrilla colombiana, ha sido una pieza clave para tratar de desmovilizar la defensa de los territorios, la cual actualmente incurre en un incómodo silencio.

Es así como se vislumbra que Yapacana parece estar jugando otro papel estratégico en las pretensiones de la guerrilla colombiana quienes desde hace 20 años controlan todo el eje del Atabapo, aguas arriba hacia Río Negro y el Brazo Casiquiare, el cual es uno de los tres ejes fundamentales del Amazonas venezolano.

De continuar la actividad minera ilegal, los efectos sociales en las comunidades indígenas que habitan en la zona y los daños ambientales sobre frágiles ecosistemas significarán un gran costo para Venezuela.

VII. Fuentes consultadas y recomendadas

Leyes, decretos, legislaciones y recursos jurídicos relacionados con el caso

República de Venezuela. 1966. Ley Forestal de Suelos y Aguas. Gaceta Oficial de la República de Venezuela.– No. 1004 Ext.– Caracas.– (1966), Enero 26.
República de Venezuela. 1979. Decreto Nº 2.980 del 12 de Diciembre de 1978, mediante el cual se declara Parque Nacional “Yapacana”, el área comprendida dentro de los linderos señalados y ubicada en jurisdicción del Departamento Atabapo del Territorio Federal Amazonas. Gaceta Oficial Nº 2.417. Caracas, 7 de marzo
República de Venezuela. 1989a. Decreto Nº 276 del 7 de Junio de 1989: Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales. Gaceta Oficial Nº 4.106. Caracas, 9 de Junio
República de Venezuela. 1989b. Decreto Nº 269 del 7 de Junio de 1989, mediante el cual se prohíbe la explotación minera dentro del Territorio Federal Amazonas y se ordena la suspensión inmediata de cualquier actividad minera en ejecución. Gaceta Oficial Nº 4.106. Caracas, 9 de Junio
República Bolivariana de Venezuela. 1999. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Nº 36.860. Caracas. 30 de Diciembre
República Bolivariana de Venezuela. 2005. Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Gaceta Oficial Nº 38.344. Caracas. 27 de Diciembre

Artículos

Castillo R. y V. Salas. 2007. Estado de Conservación del Parque Nacional Yapacana. Reporte Especial. En: BioParques: Programa Observadores de Parques. Recuperado de: https://www.oas.org/dsd/AAPAD2/Docs/(iii)%20Reporte %20Especial%20PN%20Yapacana%20(Venezuela).pdf
Ebus, Bram (2018). Comunidades indígenas: víctimas de la minería en Venezuela. El Espectador. Disponible en https://www.elespectador.com/ambiente/comunidades-indigenas-victimas-de-la-mineria-en-venezuela-article-734123/
Elucabista.com. (2015). Iglesia: Casi 40 etnias indígenas venezolanas se ven afectadas por la minería. Recuperado de: http://elucabista.com/2019/01/16/iglesia-casi-40-etnias-indigenas-venezolanas-se-ven-afectadas-por-la-mineria/
García, R. 1987. Informe de la expedición al Parque Nacional Yapacana efectuada en el lapso 13 al 17 de marzo 1987. Instituto Nacional de Parques, Dirección de Parques Nacionales. Puerto Ayacucho. Mimeografiado. 7 p
Guarnizo, José (2022). La mina de oro en la que trabajan de la mano Eln, disidencias y la Guardia venezolana. Mongabay. Disponible en https://es.mongabay.com/2022/11/la-mina-de-oro-en-la-que-trabajan-de-la-mano-eln-disidencias-de-colombia-y-la-guardia-venezolana/
Inparques 1993. Parque Nacional Yapacana. Situación Actual, Amenazas y Perspectivas. Informe. Ing. Rafael E. García. Mimeográfico. P.12. Abril. 2 BIOPARQUES 2007. Estado de Conservación del Parque Nacional Yapacana. Reporte Especial. Programa ParksWatch. Sept. <https://www.oas.org/dsd/AAPAD2/Docs/(iii)%20Yapacana%20NP%20Special%20Report%20(Venezuela) .pdf> Consulta del 25.11.1
MARNR. (1992). Áreas naturales protegidas de Venezuela. Serie Aspectos Conceptuales y Metodológicos. DGPOA/ACM/01. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Caracas
Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). 2018. Recuperado de: https://saqueada.amazoniasocioambiental.org/story/protectedareas/ . Acceso el: 27/12/2018
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Romero, J. 2004. Orden de Operaciones “Yapacana 01-2004”. Informe Operacional. Ministerio de la Defensa, Guardia Nacional, Comando Regional Nº 9. Puerto Ayacucho. Mimeografiado.
SOS Orinoco. (2019). La Minería Aurífera en el Parque Nacional Yapacana Amazonas Venezolano: Un caso de extrema urgencia ambiental y geopolítica, nacional e internacional. Recuperado de: https://drive.google.com/open?id=1tLJW-hmZ6ES6B14dse_gPKdP8DRi9n9N
SOS Orinoco. (2020). Enfrentamiento entre indígenas y FARC (disidencia) en el municipio Atabapo, Amazonas (Venezuela). Disponible en https://sosorinoco.org/es/hechos/soberania-nacional/enfrentamiento-entre-indigenas-y-farc-disidencia-en-el-municipio-atabapo-amazonas-venezuela/
Waka Noticias. (2017). Redi Guayana toma control de la mina del parque nacional “Cerro Yapacana”. Recuperado de: https://www.wakanoticias.com/actualidad/redi-guayana-toma-control-de-la-mina-del-parque-nacional-cerro-yapacana.html

Libros, documentos académicos y científicos

Bevilacqua, M., L. Cárdenas y D. Medina. (2006). Las áreas protegidas en Venezuela: Diagnóstico de su condición. Asociación Venezolana para la Conservación de Áreas Naturales (ACOANA) – Comité Venezolano UICN –
Huber, O. 1995a. Geographical and Physical Features. En: P. Berry, B. Holst, y K. Yatskievych (eds.). Flora of the Venezuelan Guayana. Volume I. Introduction. Portland, Oregon: The Missouri Botanical Garden. Pp. 1-62
León-Mata, O., D. Taphorn, C. Lasso, y J. Señaris. 2006. Uso de los recursos acuáticos, fauna y productos forestales no maderables en el área de la confluencia de los ríos Orinoco y Ventuari, estado Amazonas, Venezuela. Pp: 141-146.
Mora, A., L. Sánchez, C. Lasso y C. Mac-Quhae. 2006. Limnología de los ecosistemas acuáticos de la confluencia de los ríos Orinoco y Ventuari, Estado Amazonas, Venezuela. Pp: 90-95, En: Lasso, C., J. Señaris, L. Alonso y A. Flores (eds.). Evaluación Rápida de la Biodiversidad de los Ecosistemas Acuáticos en la Confluencia de los Ríos Orinoco y Ventuari, Estado Amazonas (Venezuela). Boletín RAP de Evaluación Biológica 30. Conservation International. Washington D.C. 240 p

Videos y media de la campaña

1.Ac Kape Kapé (2021). Consecuencias de la minería en el Parque Nacional Yacapana. [Archivo de video].
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=TAWrYFV2YYs

2. Ana Visión Canal 7. Televisora Cultural del estado Amazonas. (2015, mayo 28). [Juan Noguera]. Minería Ilegal en la Amazonía Venezolana.